El juez federal Ariel Lijo le ordenó al Ministerio de Desarrollo Social que realice una auditoría biométrica antes del 15 de enero para determinar la identidad de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, en el marco de una causa que investiga a presuntos intermediarios que retenían tarjetas y cobraban en nombre de otras personas.

La investigación, además de intentar identificar a los intermediarios, involucra al secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita. En paralelo, el fiscal Guillermo Marijuan denunció a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.